EL LIBERALISMO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II
1. El problema dinástico, una oportunidad para el liberalismo.
Tras el fracaso del liberalismo autor de la Constitución de 1812 y el establecimiento del régimen absolutista de Fernando VII, surgirá una nueva oportunidad para el liberalismo con el problema sucesorio planteado a la muerte del rey Fernando VII en 1833.
La pragmática de 1830 restablecía la posibilidad de reinar las mujeres, lo que instituía la sucesión en la persona de Isabel II, frente a las aspiraciones del hermano del Rey Carlos María Isidro, que tendrá el apoyo de los llamados carlistas, partidarios del mantenimiento del régimen absolutista.
La viuda de Fernando VII, María Cristina de Nápoles, contará con el apoyo de los que habían sido los mayores adversarios de su esposo, los liberales.
La alianza entre la regente y los liberales era un acuerdo de conveniencia, pues estos parecían ser los únicos capaces de sostener los derechos al trono de Isabel II.
Durante los cinco primeros meses posteriores a la muerte de Fernando VII, el gobierno presidido por Cea Bermúdez (con Javier de Burgos como ministro de Fomento) impulsó unas mínimas reformas como la nueva división administrativa del país en 49 provincias, la prohibición de crear nuevos gremios y la introducción de algunas libertades comerciales. Pero será en enero de 1834 cuando, fruto de la presión de los mandos liberales del ejército y de los embajadores de los gobiernos liberales de Francia y Gran Bretaña, la regente encargue del gobierno a Martínez de la Rosa, quien elaborará el Estatuto Real de 1834, con la intención de preparar el tránsito político desde el absolutismo monárquico hacia un sistema representativo liberal. El Estatuto fue una ley concedida graciosamente por la reina regente con la intención de renunciar a algunos de su poderes y competencias. Su contenido solo incluía un reglamento de reforma de las Cortes que pasaban a ser una Asamblea para asesorar a la Corona, organizada en dos Cámaras: La Cámara de Próceres, compuesta por los Grandes de España, los arzobispos y otros individuos que debían ser designados por el monarca con carácter vitalicio, y la Cámara de Procuradores, compuesta de 118 miembros, y que no recibían ningún sueldo por desempeñar el cargo, siendo elegidos por sufragio restringido indirecto, teniendo que superar los candidatos los 30 años y los 12.000 reales de renta anual. El derecho de voto sólo lo tenían los 16.000 hombres más ricos del país.
Pero el Estatuto Real no contemplaba dos logros del constitucionalismo anterior: la Soberanía Nacional y el reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo.
2. Las corrientes del liberalismo español.

Esta situación, dentro del contexto de guerra civil contra los carlistas, explica la división del liberalismo español en dos tendencias: Moderada y progresista.

Los moderados , sector derechista del liberalismo defendían la compatibilidad entre autoridad y libertades, siendo fuertes defensores de la seguridad de las personas y de la propiedad. Rechazaban la subversión revolucionaria y se oponían a la democracia y al sufragio universal, pues consideraban que solo los ricos estaban facultados para dirigir el país; de ahí el establecimiento de un sufragio restringido, que en la ley electoral que aplicaba la constitución de 1845 se elevaba únicamente a 97. 000 electores. Eran partidarios de suprimir la Milicia Nacional y deseaban llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica a la que consideraban valladar contra la revolución. También deseaban controlar los Ayuntamientos a través del nombramiento por la Corona de los Alcaldes de las capitales de provincia.

Su base social la componian los terratenientes, los hombres de negocios, los fabricantes e importantes sectores de las clases medias, como profesiones liberales, propietarios, jefes y oficiales del ejército. Como moderados podemos señalar a Martínez de la Rosa, Toreno, Alcalá Galiano; los generales Narváez, Gutiérrez de la Concha; burócratas como Javier de Burgos, intelectuales como Donoso Cortés o Balmes y poetas como Zorrilla, el duque de Rivas y Gustavo Adolfo Bécquer.
Los progresistas, componían el ala izquierda del liberalismo español. Entre sus rasgos ideológicos destacaban los siguientes:
-Ampliación del sufragio para posibilitar la participación electoral de las clases medias y evitar posibles insurrecciones revolucionarias. Por ello defendían la elección popular de alcaldes y concejales de los Ayuntamientos.
-Ampliación de las libertades (religiosa, prensa, enseñanza) y transformación de la sociedad, basándose en los principios de igualdad de oportunidades y meritocracia.
-Aversión a la democracia, a las revoluciones violentas y al radicalismo político, rechazando la participación en la política de las clases bajas, fueran obreros, jornaleros o criados.
-Desconfianza hacia el clero católico, queriendo acabar con su poder económico, quitándole el control sobre la enseñanza de los niños y disminuyendo su influencia social.
-Limitación de los poderes y atribuciones del monarca.
-Mantenimieto de la Milicia Nacional como garantía de las libertades.
-Defensa de la Soberanía Nacional, que para esta corriente del liberalismo residía exclusivamente en las Cortes, aunque en la práctica aceptara el poder moderador de la Corona y el sistema legislativo bicameral.
La base social de la corriente progresista la constituían hombres pertenecientes a las clases medias urbanas: artesanos, pequeños comerciantes, profesores, médicos, tenderos y empleados de la administración.
Entre los líderes más destacados del progresismo se puede citar a generales como Baldomero Espartero, de quien hablaremos después, y Juan Prim; hombres de negocios como Juan Álvarez de Mendizábal y Pascual Madoz; periodistas o abogados como José María Calatrava, Salustiano Olózaga, Joaquín María López y Fermín Caballero.
De las filas del progresismo saldría el Partido Demócrata, defensor del sufragio universal, la ampliación de los derechos de asociación y expresión sin limites, enseñanza pública gratuita, sistema fiscal proporcional, supresión del servicio militar obligatorio, implantación de los jurados populares en la administración judicial, supresión de los fueros vascos y la ampliación de la asistencia social estatal. Esta corriente, surgida hacia 1849, estará representada por hombres en su mayoría republicanos, antimonárquicos y anticlericales, simpatizando muchos de ellos con el socialismo utópico. Entre sus lideres destacan el peridosta Sixto Cámara y el pintor y escritor Fernando Garrido.
Expresión de la influencia de la corriente progresista será la aprobación de dos medidas de gran calado:
La desamortización eclesiástica de Juan Álvarez de Mendizábal en 1836 con el objetivo de adquirir los medios necesarios para ganar la guerra civil y crearse una mínima base de apoyo social; medida que fueron acompañadas de otras decisiones de gran calado como la supresión de los Gremios, la instauración de la plena libertad de produción y comercio o el alistamiento de cincuenta mil hombres para reforzar el ejército y ganarle la guerra a los carlistas.
La otra gran medida expresiva de la corriente progresista fue la aprobación de una nueva constitución, la Constitución de 1837, entre cuyos aspectos más relevantes podemos destacar:
-El establecimiento de una especie de síntesis entre los principios de Soberanía Nacional y Soberanía Compartida, expresada en la frase "La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey". (artículo 12)
-El establecimiento del bicameralismo parlamentario, Congreso de los Diputados y Senado, a semejanza de Gran Bretaña, Francia, Bélgica o EEUU de América, aunque aquí el Congreso adquirió más importancia pues en él estaban los principales dirigentes políticos.
-La Corona tiene importantes atribuciones como la iniciativa legislativa, el derecho de veto ilimitado y designación de senadores, teniendo que tener los ministros la doble confianza de las Cortes y del Rey.
-Afirmación de la libertad religiosa con el compromiso del Estado de mantener al clero católico, que había perdido la mayor parte de sus rentas por la desamortización.
-Reconocimiento de los derechos individuales y de la libertad de imprenta como garantía de la libertad de expresión.

La constitución se completó con una nueva ley electoral que ampliaba el cuerpo electoral a 240.000 hombres, mayores de 25 años, (el 2% de la población, semejante al de otros países como Holanda con un 3% o Gran Bretaña con el 5%).

En 1840 María Cristina es obligada a renunciar a la regencia al negarse a aprobar una nueva Ley de Ayuntamientos que establecía la elección de los alcaldes. En su lugar se estableció como regente el general Espartero.

3. La influencia militar en el reinado de Isabel II.

Con Espartero se iniciaba la era de los espadones, la intervención en la política activa de los militares, dada la escasa influencia social de los partidos, que necesitaban de su fuerza para acceder al poder.

Baldomero Espartero (1793-1879), había nacido en Granátula (Ciudad Real), último de los hijos de Joaquín Fernández Espartero, carretero de un pueblo de la Mancha, y de Josefa Álvarez. Realizó los primeros estudios en el seminario de Almagro y en 1808, con 15 años abandonó el seminario para luchar en la guerra de la independencia. En 1810, refugiado en la isla de León (Cádiz) por la presión de las fuerzas francesas, estudió en el Colegio de Ingenieros, saliendo en 1811 con el grado de subteniente. Acabada la guerra se embarcará en 1815 con Morillo con destino a América para combatir a los independentistas. Allí simpatizará con las ideas liberales, a través de la influencia de sus superiores como el general La Serna.

Tras una serie de idas y venidas, vuelve definitivamente a España en 1825, con el grado de coronel, estableciéndose en Pamplona, donde conoce a la que será su esposa María Jacinta Martínez de Sicilia, hija de un rico propietario de Logroño, casándose dos años después en Logroño y pasando después a Barcelona y Palma de Mallorca, donde le sorprende la muerte de Fernando VII. La primera guerra carlista le permite ascender rápidamente, pasando a dirigir el ejército del Norte, donde consigue levantar el sitio de Bilbao y obtener la gran victoria de Luchana en diciembre de 1836. Se atrae al general carlista Maroto con el que firma el llamado abrazo de Vergara (3 de agosto de 1839), lo que le convierte en el hombre del momento, recibiendo el título de duque de la Victoria, derrotando después al general Cabrera en el Maestrazgo con lo que acababa la primera guerra carlista, y se consolidaba en el trono Isabel II.

Poco después y ante la negativa de Maria Cristina a asumir la nueva ley de Ayuntamientos, será nombrado regente. Tras un breve período de regente 1840 a 1843, tendrá que exiliarse, aunque volverá de nuevo al poder en 1854, en la llamado bienio progresista. Espartero será el símbolo del militar metido a político. Pero no será el único. Narváez, O´Donnell, Serrano, Prim, Pavía, Martínez Campos, serán otros militares que intervendrán activamente en la política.

4.La constitución de 1845 reflejo de la tendencia moderada.

Para evitar una nueva regencia, una vez que había abandonado el poder Espartero, se declara la mayoría de edad de Isabel II.

Durante la mayoría de su reinado (1843-1868) gobernaron los moderados, permaneciendo de manera ininterrumpida en el poder de 1844 a 1854.

Fruto de esa permanencia fue la aprobación de la constitución de 1845 que recoge la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes (preámbulo de la misma) y que se expresa de manera clara en el artículo 12, muy semejante a lo ya manifestado en la constitución de 1837. Se establece la bicameralidad de las Cortes, con dos Cámaras: El Senado, cuyos miembros, en número ilimitado, son nombrados por el Rey, y el Congreso de los Diputados, con unos requisitos

determinados y que serán elegidos por sufragio censitario cada cinco años como establece el artículo 24. Igualmente establece la división de poderes al especificar, en el artículo 66 las funciones de los Tribunales de Justicia.

La aprobación de esta constitución fue acompañada de otras medidas como la creación de la Guardia civil en 1844, la disolución de la Milicia Nacional en 1845, la nueva ley electoral que establecía un cuerpo electoral de 97.000 electores, la represión de los intentos revolucionarios de 1848, el nuevo Concordato con el Vaticano de 1851, que validaba la desamortización o el establecimiento de la ley Moyano que establecía la enseñanza infantil pública y obligatoria entre los seis y los nueve años.

5.El bienio progresista.

Las disensiones de los moderados hizo posible el regreso al poder de los progresistas tras el pronunciamiento del general O´Donnell en Vicálvaro en 1854, cuyo manifiesto elaboró el joven Cánovas del Castillo.

La reina llamó a Espartero iniciándose el bienio progresista (1854-56), caracterizado por el intento de establecer una nueva constitución (la nonnata de 1856), la Desamortización civil de Pascual Madoz de 1855, que afectó sobre todo a los bienes del clero secular y a los de los municipios, la ley de ferrocarriles de 1855 y otras leyes relacionadas con las sociedades de crédito, la banca y la minería.

6. El final del reinado: La crisis dinástica.

La grave situación del momento y las movilizaciones populares provocaron la vuelta de O´Donnell al poder, quien intentará ampliar las bases políticas y sociales del Régimen para atraerse a los progresistas.

La prosperidad económica (construcción del ferrocarril) y la estabilidad política permitieron al gobierno una activa política exterior (intervenciones en Marruecos en 1859-1860; la expedición a Méjico en 1861-62; la expedición a Indochina en 1860-63; la guerra del Pacífico contra Chile y Perú en 1862-66).

Sin embargo, las divisiones internas, los levantamientos campesinos, las algaradas republicanas y el fracaso de la conciliación liberal, originaron la caída de O´Donnell en 1863. La situación política fue deteriorándose y en 1866, progresistas y demócratas acordaron en la ciudad belga de Ostende un programa de mínimos que implicaba el destronamiento de Isabel II y la concocatoria de Cortes constituyentes por sufragio universal para decidir el futuro político del país. La muerte de O´Donnell en 1867 empujó a los unionistas hacia la causa revolucionaria, culminando en el pronunciamiento de septiembre de 1868.