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miércoles, 14 de abril de 2010

La dictadura de Primo de Rivera





















LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)

1. Introducción
Antonio Cánovas del Castillo había apoyado el régimen político de la Restauración en cuatro pilares: turno de partidos dinásticos en el poder, Cortes, Constitución de 1876 y la Corona.
El reinado de Alfonso XIII se resume en la caída sucesiva de esos cuatro pilares: en 1912, asesinato de Canalejas, dejan de funcionar los partidos en régimen alternante; en 1917, con la convocatoria de la Asamblea de parlamentarios, las Cortes se revelan como un órgano inoperante; en 1923, el golpe de estado de Primo de Rivera irá acompañado de la suspensión de la Constitución de 1876; sólo quedará el rey, que abandonará el país tras el resultado de las elecciones municipales de abril de 1931.
La dictadura afectará por lo tanto al tercer pilar sobre el que se sustentaba el régimen en el que reinaba el rey Alfonso XIII. Su fracaso acarreará el del rey y la caída de la monarquía.
2. El marco internacional
Al término de la primera guerra mundial en 1918, Europa está exhausta. Las perdidas en vidas humanas alcanzan los 8.500.000 hombres. Rusia, Alemania y Francia fueron los Estados más castigados. En el orden económico se produjo una crisis de subprodución, con agotamiento de las reservas de las materias primas, falta de abonos químicos, desgaste del equipo mecánico, desorganización de los transportes y escasez de mano de obra.
En el orden político desaparecen tres grandes imperios que existían en 1914: El II Reich alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio zarista en Rusia. En el dominio territorial que antes perteneciera a esos imperios surgieron 9 estados: Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria y Hungría. Alemania tuvo que ceder Alsacia-Lorena a Francia, Slevig del norte a Dinamarca y los pequeños territorios de Eupen y Malmedy a Bélgica. Pese a ello, Alemania salvaguarda su unidad, pero es obligada a reparar los daños infligidos a sus enemigos vencedores; el cumplimiento de esta deuda de reparaciones debería extenderse durante medio siglo, en pagos por anualidades. Rusia abandonó sus territorios polacos y los países bálticos; el estallido de la revolución provocará la subida al poder de los bolcheviques, que tras una dura guerra civil, terminada en 1922, establecerán una dictadura comunista en Rusia, factor de enorme inestabilidad para la vida internacional por el papel de ejemplo que tendrá para el proletariado militante que querrá seguir los pasos del bolchevismo victorioso.
En el orden mundial se asiste a la aparición de dos grandes potencias, Japón y Estados Unidos de América.
Para intentar evitar los belicismos de la anterior etapa histórica se fundará la Sociedad de Naciones, una iniciativa del presidente norteamericano Wilson, que sin embargo sufrirá la negativa del senado norteamericano a ratificar el pacto de la Sociedad de Naciones; este aislacionismo estadounidense y la no participación de Alemania y Rusia en el nacimiento de la Sociedad hará que la organización nazca con grandes problemas.
Las dificultades socioeconómicas y políticas derivadas de esta difícil posguerra intentará solucionarse con el pacto de Locarno en 1925, que da estabilidad a Europa occidental y frena el enfrentamiento de Francia y Alemania. Son los felices años veinte. Pero una serie de problemas como el desajuste entre producción y consumo, la falta de ordenación de los mercados y el predominio de la economía especulativa darán al traste con el bienestar económico y se producirá la tremenda crisis de 1929, que desembocará en la expansión y auge de los totalitarismos (Fascismo, nacionalsocialismo y comunismo) y en la terrible segunda guerra mundial iniciada en 1939 .
3. El ambiente nacional de la posguerra
España, al término de la primera guerra mundial, en la que no había participado, se habrá de enfrentar a graves problemas:
-En el orden económico, el fin de la guerra significa el fin de producciones demandadas por los beligerantes. Sectores como el algodón y el azucar se ven afectados por la baja de precios.
-En el orden social se produce una agudización de los conflictos sociales. El anarquismo crece fuertemente y aumentan los niveles de conflictividad. Será célebre la huega de “La canadiense” en 1919 que afectará a toda Barcelona. Esta huelga, esencialmente laboral y que termina con éxito al conseguir el establecimiento de la jornada de ocho horas, será seguida de otras huelgas de carácter político que dará lugar a una dura represión y que obligará al anarquismo a situarse nuevamente en la clandestinidad. A estas huegas obreras responderán los patronos con el cierre de las empresas. Por todo ello, y en frase del historiador Jesús Pabón se inicia en 1920 “la etapa tenebrosa”, caracterizada por el terrorismo y el pistolerismo. Frente al terrorismo patronal se situará el terrorismo anarquista. Es la época en que Barcelona es una ciudad sin ley. Una de las víctimas es el anarquista Seguí en marzo de 1923. Ya en 1921, el 8 de marzo, había sido asesinado por tres hombres de la CNT (Central anarquista) el jefe de Gobierno, Eduardo Dato, como represalia por haber propuesto la “ley de fugas” y haber enviado al general Martínez Anido a Barcelona.
-En el campo, se producen revueltas, organizadas por los socialistas, que han sustituido a los anarquistas en la dirección de las organizaciones campesinas.
-En el orden militar sigue el problema de Marruecos. El 22 de julio de 1921, fruto de una decisión desafortunada se produce el famoso desastre de Annual, donde mueren miles de soldados españoles a manos de los marroquíes. Este desastre provocará la caída del gobierno. Será Maura quien habrá de enfrentarse a este problema, procurando restituir el dominio español en las zonas afectadas; también tendrá que asumir el tema de las responsabilidades para el que se nombró una comisión dirigida por el general Picasso y que tantos temores levantó entre los posibles afectados. Y por último tendría que hacer frente al posible rescate de los españoles prisioneros, teniendo en cuenta que el pago fortalecería a los marroquíes sublevados.
Este problema marroquí y especialmente el tema de las responsabilidades tendrá una especial motivación para el golpe de estado de Primo de Rivera.
-En el orden político se acusa la descomposición de los partidos políticos. El turno continúa, pero en ocasiones se ha de recurrir a los gobiernos de concentración. La burguesía está descontenta con las soluciones políticas ya que no aporta soluciones a los graves problemas económicos fruto de la posguerra. En agosto de 1923 Alfonso XIII pensó asumir la responsabilidad de un golpe de estado, pero se lo desaconsejó Maura. El ejemplo italiano, con la marcha sobre Roma de Mussolini, estaba muy cercano.
4. La llegada de la dictadura
En el transcurso del último gobierno constitucional y de concentración liberal dirigido por García Prieto desde el 7 de diciembre de 1922, las fuerzas ultraconservadoras, el ejército y el rey se alarmaron del giro que podían tomar los acontecimientos políticos.
La discusión del expediente de responsabilidades por la guerra de Marruecos, iniciado por una comisión parlamentaria y presentado por el general Picasso, habría de reexaminarse en los últimos días de septiembre de 1923.
El 13 de septiembre se produce el golpe de estado protagonizado por el capitán general de Cataluña, Miguel primo de Rivera. El golpe irá acompañado de un manifiesto justificativo:
“Al país y al Ejército:
Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupisciencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parece pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte moral y equidad que aún tiene; pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la sucesión.
Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya de rebeldías mansas, que, sin poner remedio a nada, dañan tanto y más a la disciplina que está recia y viril a que nos lancemos por España y el rey.
Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar, los días buenos que para la Patria preparamos. ¡Españoles! ¡Viva España y viva el rey!....”
El golpe de estado recibió la repulsa de los dirigentes de los viejos partidos como Romanones por los liberales o Sánchez Guerra por los conservadores, que adoptaron en un principio una actitud de expectativa benevolente. La mayor parte de la prensa, desde el ABC al Sol vieron bien el afán regeneracionista que traía consigo Primo de Rivera. El PSOE y su sindicato afín UGT se opusieron al golpe reclamando la intervención del presidente de las Cortes Melquiades Álvarez para que se exigiera el restablecimiento del orden constitucional. Pero los socialistas no pasaron a la acción para ratificar esa actitud. Después, algunos de ellos como Largo Caballero, colaboraría con la dicatadura participando como miembro del Consejo de Estado.
5. El legado político de la dictadura
El rey llama a Madrid al general Primo de Rivera y haciéndose refrendar por el ministro de Justicia saliente, le nombra jefe del Gobierno el 15 de septiembre. Éste nombra un Directorio militar, del que se constituye Presidente del mismo. Se suspenden las garantías constitucionales (regía la constitución de 1876) y cesa a los gobernadores civiles de todas las provincias, sustituyéndoles por los gobernadores militares de las mismas. El mismo día 15 de septiembre disuelve las Cortes.
Se disuelven los ayuntamientos y las diputaciones. Los nuevos ayuntamientos son intervenidos y se publica el decreto de incompatibilidades por el que un ex ministro o alto funcionario no podría ocupar puestos en los consejos de administración que tenían contratas con el Estado, lo que llevaba la intención de separar la oligarquía económica del poder político.
En el intento de mantener la dictadura se creará la Unión Patriótica, intento de partido único, inspirado en la Italia de Mussolini, que había accedido al poder en Italia en 1922 tras la marcha sobre Roma. A la Unión Patriótica pertenecían los miembros de ayuntamientos y diputaciones, amalgamando personas procedentes del carlismo, del maurismo y de la derecha católica.
Con el estatuto municipal de marzo de 1924 se intentó convertir a los municipios en pilar del nuevo régimen, pero hubo derroche de presupuesto y faltaron elecciones para elegir a las nuevas autoridades locales.
En diciembre de 1925 se establece el directorio civil, como consecuencia de la victoria de Alhucemas. La presidencia del directorio recaía en el general Primo de Rivera; la vicepresidencia sería desempañada por el general Severiano Martínez Anido, que era también ministro de la Gobernación. El resto del Directorio civil lo componían José de Yanguas Messía, en el ministerio de estado; Galo Ponte, en el de Gracia y Justicia; el duque de Tetuán en Guerra; en Marina, el contraalmirante Honorio Cornejo; en Hacienda José Calvo Sotelo; en Instrucción Pública, Eduardo Callejo; en Fomento el conde de Guadalhorce, y en Trabajo Eduardo Aunós. De todos ellos sólo Calvo Sotelo y Yanguas habían sido diputados en Cortes anteriores. En él figuraban políticos procedentes de la Unión Patriótica o que habían abandonado los antiguos partidos (Calvo Sotelo y Aunós) y algún representante de la oligarquía como el conde de Guadalhorce. Ello supuso la oposición de los políticos del viejo régimen, especialmente de Sánchez Guerra que se reafirmó en la incompatibilidad con una monarquía como aquella, que parecía abdicar de los principios del constitucionalismo. Los grupos políticos no dinásticos se opusieron de forma más rotunda y el 11 de febrero de 1926 con ocasión del aniversario de la constitución de la primera república se constituyó el grupo de Alianza republicana, bajo la presidencia de Alejandro Lerroux, pero con el concurso de movimientos republicanos más modernos, como era el de Acción republicana, que encabezaba Manuel Azaña, un personaje que habría de desempeñar importante protagonismo en la vida política nacional unos años después.
La institución más importante que se crea en este período es la Asamblea Nacional, cuerpo consultivo, no electivo; en él participaban representantes de Ayuntamientos, Diputaciones, Unión Patriótica y cargos de la Administración del Estado; en ella se atrincheró la derecha del régimen para obstaculizar el regreso a la normalidad constitucional. Esta Asamblea Nacional suponía la ruptura con el régimen parlamentario y la Constitución en opinión del conservador Sánchez Guerra, quien advirtió al monarca del peligro que entrañaba dicha iniciativa.
Esta oposición de Sánchez Guerra le llevó primero al exilio y después, a finales de 1929, al intento de sublevación militar, desembarcando en Valencia para ponerse al frente de un levantamiento militar, fracasado por la falta de apoyo de militares que le habían prometido unirse al levantamiento. La oposición universitaria fue creciendo a lo largo de 1929.
6. El legado militar
La Dictadura consigue terminar la guerra de Marruecos. En un primer momento Primo de Rivera piensa en el abandono, con decisiones como el anuncio de los repliegues que provoca el paso de las cabilas al caudillo rebelde Ab-el-Krim. La resistencia de los jefes de la legión y una estancia larga en el propio territorio le hace cambiar de opinión. En colaboración con Francia realizará el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925, lo que supondrá en breve plazo la derrota de Ab-el-Krim.
7. El legado social
Para evitar la lucha de clases, tan activa en los años anteriores al golpe de estado, crea los comités paritarios, en los participan patronos y obreros. Los socialistas se dividen en su actitud ante la dictadura. Largo Caballero colaborará con ella participando como miembro del Consejo de Estado, mientras Indalecio Prieto y Julián Besteiro se oponen a toda colaboración. En la corriente anarquista, se produce similar escisión. Un sector del anarquismo, con Ángel Pestaña y Peiró prefieren la legalización y el mantenimiento de un sindicalismo estrictamente económico, mientras otros sectores se inclinan por la clandestinidad, a cuyo frente se encuentra Buenacasa; la creación de la FAI en 1927, que propugna la violencia contra el sistema político, refuerza ese sector clandestino.
8. El legado económico
Para el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 1992, Juan Velarde Fuertes, el balance es positivo. En su obra “Cien años de economía española”, Ediciones Encuentro, Madrid 2009, señala que los principales sectores en los que actuó la Dictadura fueron los siguientes:
-Aprovechamiento integral de las cuencas hidráulicas, siguiendo las ideas del ingeniero de Caminos Lorenzo Pardo, con la creación de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, y bajo el amparo del ministro de Fomento, el conde de Guadalhorce. Con este plan se rompía con las fronteras de las regiones históricas, se recogía el clamor de los regantes y agricultores para el aprovechamiento de las aguas fluviales y se ponían los cimientos de una democracia corporativa como oposición a la creada por la constitución de 1876.
-Ampliación de las infraestructuras y de las instituciones relacionadas con los transportes y comunicaciones, apareciendo cinco realidades nuevas en la España de la época: la construcción de una red de carreteras articulada en torno al Circuito Nacional de Firmes Especiales, la estatificación del sector petrolífero con la creación de la CAMPSA gracias al impulso de Calvo Sotelo, la creación del Consejo Superior de Ferrocarriles y la Caja Ferroviaria, preludio de lo que sería después la RENFE, la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España, con inversión de la norteamericana ITT, y la creación de la primera compañía de líneas aéreas comerciales permanentes.
-Mantenimiento del sistema arancelario de defensa frente al exterior y la creación del Banco Exterior de España en 1929 para fomentar las exportaciones. Aquí hay que mencionar el problema de la cotización de la peseta que se mantuvo muy alta, contra el parecer de numerosos contemporáneos como Keynes.
-Falta de acierto en la reforma del sistema tributario. La ley de Rentas y Ganancias de 1926 fue fácilmente criticada por el economista Flores de Lemus, dado que los contribuyentes eran casi exclusivamente los funcionarios públicos.
-Activo intervencionismo corporativo del que nacería el Comité Regulador de la Industria, con la intención de evitar la crisis en los diversos sectores económicos. En marzo de 1924 se creó el Consejo de Economía Nacional seguido de la creación de numerosos organismos públicos autónomos y empresas de economía mixta, entre ellas el Patronato Nacional de Turismo, las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, el Consejo Nacional de Combustibles, el Consejo Superior Ferroviario, el Banco de Crédito Local, etc.
Pero en esta etapa se producen una serie de contradicciones, señaladas por Velarde Fuertes:
-El deseo de crear un amplio mercado interior con sus secuelas de baratura y de mejora de niveles de consumo, se hundieron con las actuacciones oligopolísticas derivadas del modelo económico adoptado, con la oposición creciente de los consumidores sobre todo funcionarios y obreros.
-El deseo de alcanzar la paridad original de la peseta a través del gasto público provocó su caída. Cambó y Cataluña, importadora de algodón para sus textiles, inician una fuerte campaña contra la dictadura.
-La búsqueda del equilibrio presupuestario no fue posible dada la rebelión de los terratenientes, con lo que se aceptó de modo obligado el déficit presupuestario con todas sus consecuencias.
-Pérdida del apoyo de la iniciativa privada al considerar los empresarios que estaban en un modelo socializante.
Estas contradicciones generaron una oposición que unida al conflicto de Artillería y la cuestión universitaria, y a causa de la imposible salida constitucional, propició la caída de la dictadura.
Pero a pesar de estas oposiciones el apoyo popular a Primo de Rivera fue muy firme a lo largo del período.
9. El rechazo a la dictadura
La dictadura provocó rechazo entre los intelectuales. Primero con la Academia de la Lengua, al oponerse al ingreso en la corporación de don Niceto Alcalá Zamora, ministro de la guerra cuando Primo de Rivera dió el golpe de Estado. Luego con el colegio de abogados de Barcelona al negarse a aceptar cualquier publicación en catalán, y sobre todo, con los estudiantes y la Universidad, fricciones que culminan en la deportación de Unamuno a la isla de Fuerteventura.
Huido a París, Unamuno publicará estos versos contra la dictadura en 1925:
¡España! ¿A alzar su voz nadie se atreve?
Va a arrastrarte el alud de la mentira;
tu amor presta a mi voz ardores de ira...
Sacúdete mi España...No se mueve...
¡España, España! Blanca..., fría...; nieve...
Tenebrosos los ojos, mas no mira...
Un espejo a la boca... ¡No respira!
¿No oís el vuelo de su sombra leve?
Aquí, con tu cabeza en mi regazo,
porque han de henchirte la pupila muerta
mis lágrimas de fuego y de rechazo,
regar la mano que te cuelga yerta,
mientras te abre la mía de un portazo
el bronce curel de la visión desierta.

Los regionalistas rechazaron también a la dictadura. La postura cerrada del general en el tema de Cataluña le granjeó la enemistad de la Lliga y de todas las fuerzas políticas catalanas. Con los vascos la relación fue más abierta, y con los gallegos la relación estará marcada por su intento de estudio del foro gallego para su redención dentro de una política agraria contradictoria.
Respecto a la relación con los militares se irán deteriorando con el tiempo, debido a su política de enfrentamiento con algunos generales y sus pretendidos cambios en la estructura del ejército, que le llevó a enemistarse con el cuerpo de artillería, en virtud de sus intentos de cambiar el sistema de ascensos.
La enfermedad del dictador, padecía diabetes, su agotamiento y su propia personalidad influyeron en su caída, que, siguiendo su costumbre, se hizo públicamente con la célebre nota del 26 de enero de 1930 que dirigió a los capitanes generales. En esa nota pedía a los capitanes generales una pronta respuesta a la pregunta: “¿Cuenta la Dictadura con el apoyo de las Fuerzas Armadas?”. La mayor parte de las respuestas son desfavorables. El 28 de enero de 1930 le llama el rey, acuerdan la dimisión y el final de la Dictadura. Alfonso XIII encarga al general Dámaso Berenguer la formación de un gobierno bajo la misma constitución de 1876, suspendida en 1923.
Poco después Primo de Rivera sale para Francia, instalándose en el hotel Port-Royal de París, donde morirá de un coma diabético el 16 de marzo de 1930. El 19 de marzo, en medio de un enorme gentío silencioso, atravesaba las calles de Madrid camino del cementerio.











miércoles, 15 de abril de 2009

Constitución española de 1978 en su contexto histórico, La



LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 EN SU CONTEXTO HISTÓRICO
1. El testamento de Franco.

El 20 de noviembre de 1975 se anunciaba a España y al mundo la muerte de Francisco Franco Bahamonde, jefe del Estado Español, tras una larga y penosa enfermedad de la que había estado pendiente el país entero, ante la incertidumbre que la desaparición del Generalísimo suponía para el futuro de España.
Su testamento es todo un documento histórico que conviene leer para poder entender los acontecimientos posteriores:
Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su Inapelable Juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir.
Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera por tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo.
Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre.
Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido.
No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros, y para ello deponed, frente a los supremos intereses de la Patria y del pueblo español, toda mira personal.
No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo.
Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la Patria.
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar, por última vez, en los umbrales de mi muerte:
¡Arriba España! ¡Viva España!
"
El testamento, en el que se declara fiel hijo de la Iglesia, refleja los grandes ejes de su trayectoria política e ideológica: la unidad de España y la lucha por la justicia social y la cultura para todos los pueblos de España, una España que si bien concebía en unidad, también admitía la exaltación de sus regiones. Y para ello era vital que el próximo Rey, Don Juan Carlos de Borbón, gozara del mismo afecto y lealtad del que habían brindado a Franco. Esta petición otorgaría al nuevo Rey un poder por encima incluso de las propias Instituciones del Régimen, y un apoyo especial del Ejército, columna fundamental para los cambios que eran previsibles.

2. La España de 1975.
La España de 1975 se enfrentaba a un reto histórico, tras un largo período de ejercicio personal del poder, fruto de la victoria total de uno de los bandos en la larga y cruenta guerra civil de 1936 a 1939. Franco ejerció el poder de manera absoluta, con gran habilidad, sorteando las graves situaciones internas y externas a las que tuvo que enfrentarse a lo largo de más de treinta y cinco años. Y lo más importante es que lo hizo procurando y, en ocasiones, simplemente no estorbando un proceso de gran transformación socioeconómica, sobre todo a partir del Plan de Estabilización de 1959, que permitió el establecimiento de una amplia clase media que haría posible el cambio político, sin grandes traumas y en un clima de tensión controlada por el bienestar económico y por unas instituciones que si bien eran contestadas no podían ser derribadas por la oposición; en este cambio, el papel del monarca, heredero de Franco, sería fundamental.
El 22 de noviembre de 1975, el Rey juraba su cargo ante las Cortes y en su primer discurso afirmaba:
“...El cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño, y ha sido una constante en mi familia, que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. La Monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional...”
Dos palabras consenso y concordia se colaban como vigas maestras de un futuro que a todos preocupaba.

3.El primer gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política.
Tras el fracaso de la gestión del primer gobierno del Rey presidido por Carlos Arias Navarro y la unión de la oposición en la llamada Platajunta el 26 de marzo de 1976, aprovechando la posibilidad de elegir entre la terna presentado por el Consejo del Reino -Silva Muñoz, López Bravo y Adolfo Suárez- optará por el secretario del Movimiento, un semidesconocido Adolfo Suárez, nombrado presidente del gobierno el día 3 de julio de 1976, cargo desde el que que va a llevar a cabo la demolición del anterior régimen a la par que construya uno nuevo mediante la fórmula “de Ley a Ley”, en la que colaborará de manera esencial Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes franquistas.
De la colaboración entre ambos y el esfuerzo de otros muchos va a nacer la Ley para la Reforma Política , una ley que, desde el propio régimen, establece las pautas para su reforma y transformación. La Ley, aprobada en referéndum de 15 de diciembre de 1976 y publicada el 4 de enero de 1977, establece los pilares de una nueva situación:
Artículo 1º.
1.La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo. Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado.
2.La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.
Artículo 2º
Las Cortes se componen del Congreso de Diputados y del Senado.
Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad.
Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El Rey podrá designar por cada legislatura senadores en número superior a la quinta parte de los elegidos.
La ley establecía la soberanía popular, la división de poderes y la obligación de defender los derechos fundamentales de la persona.
Establecida como Ley fundamental, prácticamente anulaba a las anteriores, y era la fórmula empleada para evitar el vacío legal en el camino a otra situación política.
En los meses posteriores se fueron legalizando todos los partidos políticos, incluido el comunista, legalizado el sábado santo, 9 de abril de 1977, en una iniciativa arriesgada de Adolfo Suárez, pues irritaba profundamente a los militares, pero la fecha con los cuarteles semivacíos impedía una reacción pronta y desmesurada.

4.La elecciones de 1977 y los Pactos de la Moncloa.
Las elecciones de 15 de junio de 1977 dibujaron un panorama político en el que aparecían dos grandes fuerzas políticas: la UCD, que había obtenido 166 diputados, el PSOE con 118, dos fuerzas pequeñas a izquierda (PCE con 19) y derecha (AP con 16), y unos partidos nacionalistas fuertes en el País Vasco (PNV, con 8 ) y Cataluña (CDC, con 11).
El que ningún partido político hubiera obtenido mayoría absoluta propiciaba una política de pactos, sobre todo ante una situación económica que se deterioraba por momentos, fruto de no haber afrontado los problemas derivados de la crisis internacional del petróleo de 1973, y de las continuas reivindicaciones de las organizaciones sindicales y políticas.
De esta manera se llegó a los llamados Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, firmados el 25 de octubre de 1977, impulsados por el vicepresidente económico, el conocido economista D. Enrique Fuentes Quintana. Los acuerdos contuvieron las reivindicaciones salariales, efectuándose una reforma social y económica con el objetivo de reducir la tasa de inflación (el impuesto de los pobres), que pasó de 40% en los meses centrales de 1977 a 16% un año después.
Las reformas, que pretendían evitar una crisis económica que pudiera paralizar la vida política, se centraban en el control del gasto público, la reforma fiscal con el establecimiento de tres impuestos básicos (Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas, Renta de Sociedades y Sobre el Valor Añadido), la liberalización y reforma del sistema financiero, un nuevo marco de relaciones laborales (proponiendo la elaboración de un Estatuto de Trabajadores, flexibilización de las condiciones de empleo, abaratamiento del despido y prima de la creación de nuevos empleos a través de la reducción del pago de las cuotas de la seguridad social) y control de la eficiencia de la empresa pública.

5.La Constitución de 1978.
Con la economía en vías de control y asegurada la paz social, se afrontó la elaboración de la constitución, para lo cual se nombró una ponencia compuesta por tres miembros de la UCD, Pedro Llorca, Miguel Herrero y Gabriel Cisneros, uno del PSOE, Gregorio Peces Barba, uno de AP, Manuel Fraga Iribarne, uno del PC, Jordi Solé Tura y uno de CDC, Miguel Roca.
Tras muchas horas de trabajo presentaron un texto para su aprobación a Cortes y posterior aprobación en Referéndum el 6 de diciembre de 1978.
ESTUDIO DE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución de 1978 consta de un Preámbulo, un Título Preliminar y 10 Títulos que contienen un total de 169 artículos.
Es, con la de 1812, la más larga de las constituciones españolas, prolija y reiterativa en ocasiones.
Procura un equilibrio entre la tradición y las nuevas tendencias ideológicas, con una buena dosis de pragmatismo que permita el gobierno de distintas tendencias ideológicas.
Ha conseguido que la mayor parte de los españoles se identifiquen con ella, salvo los nacionalistas.
El Preámbulo es una declaración de intenciones de elevadas miras:
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática...
Consolidar un Estado de derecho...
Proteger a todos los españoles y pueblos de España...
Promover el progreso de la cultura y la economía...
Establecer una sociedad democrática avanzada
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de cooperación con todos los pueblos de la Tierra.
El Título Preliminar establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, la soberanía popular, la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado, la indisoluble unidad de la Nación española, el castellano como lengua oficial del Estado aunque con respeto a otras lenguas de otras Comunidades, la bandera nacional, la capital del Estado en la villa de Madrid, la existencia de los partidos políticos como columna del sistema, los sindicatos y las asociaciones empresariales, las fuerzas armadas como garantía de la defensa de la integridad territorial y el ordenamiento constitucional y el respeto a la ley, a la que están sujetos los ciudadanos y los poderes públicos.
El Título I está dedicado a los derechos y deberes fundamentales
En cuanto a los derechos, se establecen los siguientes:
-Igualdad ante la ley
-Derecho a la vida. La lectura del artículo plantea el problema del aborto: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física...”. ¿Qué se entiende por todos?.
-Libertad ideológica
-Libertad personal
-Derecho a la intimidad e inviolabilidad de domicilio
-Libertad de residencia y circulación
-Libertad de expresión
-Derecho de reunión
-Derecho de asociación
-Derecho de participación, directamente o por medio de representantes
-Protección judicial en el ejercicio de los derechos
-Principio de legalidad penal; sólo se puede ser condenado por ley
-Derecho a la educación
-Libertad de sindicación
-Derecho a la huelga
-Derecho de petición
-Derecho de matrimonio. Es interesante su lectura (artículo 32) para interrogarse el encaje de los matrimonios homosexuales y su recurso ante el Tribunal Constitucional, que habrá de decidir la constitucionalidad del mismo
-Derecho a la propiedad privada y a la herencia
-Derecho a las fundaciones
-Derecho al trabajo
-Derecho a establecer colegios profesionales
-Derecho a la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios
-Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo asegurando los servicios esenciales de la comunidades
-Libertad de empresa en el marco de la economía de mercado
-Derecho a la protección de la familia y la infancia
-Derecho a la redistribución de la renta
-Derecho a la formación profesional
-Derecho a la Seguridad Social
-Derecho de los emigrantes españoles en el extranjero a que el Estado vele por ellos
-Derecho a la salud
-Derecho al acceso a la cultura
-Derecho a la protección del medio ambiente
-Derecho a salvaguardar el patrimonio histórico, cultural y artístico
-Derecho a la vivienda
-Derecho de la juventud a participar en el desarrollo político, social, económico y cultural
-Derechos de los discapacitados a solicitar protección y ayuda
-Derecho de los ciudadanos de la tercera edad a una pensión adecuada
-Derecho de los consumidores y usuarios a la defensa de sus intereses
-Derecho de las organizaciones profesionales a defender sus intereses económicos.
Como garantía de estos derechos, además de la propia ley, se crea el Defensor del Pueblo para la defensa de estos derechos, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes generales.
En cuanto a los deberes se establecen los siguientes:
-Servicio militar con objeción de conciencia y servicio civil sustitutorio
-Deber de tributar para sostener los gastos públicos en un sistema progresivo no confiscatorio.
-Deber de trabajar
El Título II está dedicado a La Corona, estableciéndose que el Rey es el jefe del Estado con unas funciones que son más de representación que de poder efectivo. Sus actos deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. Para ejercer sus funciones recibe una cantidad anual de los Presupuestos del Estado.
El Título III está dedicado a las Cortes Generales compuestas de dos cámaras el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa y controlan la acción del Gobierno, estando formadas por cualquier ciudadano que sea elegido diputado o senador, de acuerdo a la ley.
El Título IV está dedicado al Gobierno que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las Leyes. El Gobierno lo componen el presidente y sus ministros.
El Título V está dedicado a las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, estableciéndose que “El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados”, quien en su control puede plantear la cuestión de confianza, a instancias del presidente de gobierno o la moción de censura a instancias del Congreso de los Diputados, y con candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. El Gobierno, ante situaciones de extrema gravedad puede declarar los estados de alarma, excepción y sitio, que habrán de ser aprobados por el Congreso de los Diputados.
El Título VI está dedicado al Poder judicial, integrado por los jueces y magistrados, con la función de administrar justicia en nombre del Rey, partiendo del principio de que la justicia emana del pueblo.
El Título VII está dedicado a la Economía y Hacienda en función de los siguientes principios:
-Función pública de la riqueza
-Reconocimiento de la iniciativa pública en el sector económico
-Participación de los ciudadanos en la Seguridad Social y en los organismos públicos.
-Promoción del desarrollo económico por los poderes públicos
-Posibilidad de la planificación económica por parte del Estado
-Régimen jurídico propio de los bienes de dominio público y de los comunales
-Potestad originaria del Estado para establecer los tributos, mediante ley.
-Elaboración de los Presupuestos Generales del Estado por el Gobierno, que deben ser aprobados por las Cortes Generales.
-Autorización al Gobierno para emitir Deuda pública
-Creación del Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.
El Título VIII está dedicado a la Organización territorial del Estado. Ha resultado el más polémico y el más difícil de encajar, dadas las ambiciones y continuas demandas de las fuerzas nacionalistas, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, expresadas actualmente en el famoso Plan Ibarreche, rechazado por el Congreso de los Diputados en febrero de 2005 y el Nuevo Estatuto de Cataluña, admitido a trámite en el Congreso el 3 de noviembre de 2005 y aprobado por ley orgánica de 19 de julio de 2006 y que tanta polémica ha provocado.
En este título se establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan lo que indicaba que en el momento de aprobar la constitución no se sabía el número de estas comunidades. Con el tiempo se llegará al establecimiento de 17 comunidades más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tras un proceso enrevesado y de fuertes tensiones entre el Gobierno central y las distintas comunidades, como fue el caso de Andalucía.
Conviene indicar que en este título se establece la solidaridad y la igualdad territorial, con igualdad de los españoles en todos los territorios, concediéndose amplia autonomía a los municipios y diputaciones provinciales, que deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de sus funciones.
Respecto a las Comunidades Autónomas, tras establecer la manera de acceder a la autonomía, se señalan las competencias de las Comunidades autónomas y las propias del Estado, creándose un Fondo de compensación territorial para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.
El Título IX está dedicado al Tribunal Constitucional cuya función es declarar la constitucionalidad o no de las leyes, con jurisdicción en todo el territorio español y al que están legitimados para interponer recurso el Presidente de Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. También está reconocida toda persona natural o jurídica para interponer recurso de amparo. Sus sentencias tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.
El Título X está dedicado a la Reforma Constitucional, cuyos proyectos de reformas ordinarias deberán ser aprobadas por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y después ser sometidas a referéndum si así lo solicitan una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Cuando se propusiesen reformas esenciales, con revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al capítulo segundo, sección primera del Título I o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes, que una vez reelegidas deberán ratificar la decisión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
Se establece que no podrá iniciarse reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 (de alarma, de excepción o de sitio).
Esto hace que su reforma sea realmente difícil, para lo que es necesario se pongan de acuerdo las dos grandes fuerzas políticas a nivel estatal, si cuyo concurso es prácticamente imposible.
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