Etapas, condicionamientos y conflictos de la II República
La dictablanda
El fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera acentuará las dificultades de la Corona. Primero el general Dámaso Berenguer, entre febrero de 1930 y febrero de 1931, y luego el almirante Aznar, desde febrero de 1931, intentarán encauzar la situación, restableciendo la normalidad institucional. Las elecciones municipales de 12 de abril de 1931, primer paso en el restablecimiento de la normalidad, serán, de manera sorprendente, la manifestación de una nueva realidad. El triunfo de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades hará que, pese al triunfo de los monárquicos en el país, se desemboque en un nuevo régimen. El Comité Revolucionario constituido por los representantes de los grupos que habían firmado el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930 para terminar con la Monarquía, será acatado por el director de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, y se hará con el poder. El Rey, aconsejado por Romanones, cesó en sus funciones. Y salió hacia el exilio desde el puerto de Cartagena. Se proclamaba la República el 14 de abril de 1931.
El gobierno provisional
El Comité revolucionario se convirtió en gobierno provisional, presidido por el antiguo ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora, garantía conservadora y burguesa. En él tuvieron cabida casi todas las opciones políticas: el centro estaba representado por los radicales de Alejandro Lerroux y los radicales-socialistas de Marcelino Domingo; la izquierda, gran novedad, por los socialistas, con tres ministros -Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos- y por la Alianza Republicana de Manuel Azaña; los regionalismos por el catalán Nicolas d’Olwer y el gallego Santiago Casares Quiroga. Fuera del poder quedaban los partidos de la derecha monárquica, los anarquistas, los comunistas, los tradicionalistas y los regionalistas de la Lliga catalana y del Partido Nacionalista Vasco.
Este gobierno provisional, una vez solucionado el problema de la proclamación de la República catalana por Francesc Maciá, convocará elecciones a Cortes constituyentes para junio de 1931. Los sucesos de mayo de 1931, con la quema de iglesias y conventos y la falta de voluntad del gobierno provisional en su represión, alejó del nuevo régimen a la masa de católicos, además de propiciar las primeras protestas de la jerarquía eclesiástica.
En junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino, en las que se pudieron presentar las mujeres como candidatas, siendo elegidas Clara Campoamor por el Partido Radical Republica y Victoria Kent por el Partido radical-socialista, siendo las primeras diputadas en la historia parlamentaria de España.
El triunfo aplastante de los grupos republicanos de izquierda y los socialistas del PSOE va a marcar el trabajo de elaboración de la nueva constitución.
El nuevo texto constitucional se caracterizará por los siguientes rasgos:
Carácter socializante, expresado en la definición del régimen como “una República democrática de trabajadores de toda clase”.
Exaltación republicana, evidente en la definición laica del Estado, en el establecimiento de una Cámara única, el establecimiento del sufragio universal, incluyendo a la mujer, a partir de los 23 años, y la responsabilidad del gobierno ante las Cortes.
Signo liberal, salvaguardando la propiedad privada, aunque subordinándola a los intereses de la economía nacional, posibilitando la expropiación y nacionalización por causas de interés social.
Reconocimiento de la posibilidad de solicitar estatutos de autonomía, encajándolo en la concepción del Estado integral.
Carácter progresista, expresado en el establecimiento del matrimonio civil y el divorcio.
Carácter reformista y transaccional, manteniendo la mayor parte de las Instituciones y creando otras como el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Diputación Permanente de las Cortes. La figura del Presidente de la República será objeto de una especial consideración, en sus poderes y en la forma de elegirlo.
Dentro de estos rasgos enumerados destacaba el carácter laico del nuevo régimen, que rompía una larga tradición, en la que el Estado se había proclamado confesional (constitución de 1876), y en la que había protegido los intereses de la Iglesia Católica, reflejo de su influencia en la sociedad española y como fórmula de paliar los efectos negativos que para su mantenimiento había tenido la Desamortización, llevada a cabo en el segundo tercio del siglo XIX.
Reflejo de esta nueva posición es el texto que recoge parte del discurso de Manuel Azaña en el Congreso de los Diputados el 13 de octubre de 1931.
“Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formula yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español.
Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las conciencias y daba medios de impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita, a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. (...)
Los trabajos de la Comisión encargada de la elaboración del texto constitucional habían establecido en el artículo 3 que “El Estado español no tiene religión oficial”, pero la redacción del polémico artículo 26 provocó la oposición y las protestas de los miembros católicos del Parlamento, pues según dicho artículo todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial, las órdenes que guardaran obediencia a una autoridad distinta de del Estado disueltas (en clara alusión a los jesuitas), en un plazo de dos años se extinguiría el presupuesto del Clero y se les prohibiría a todas las Órdenes ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
Para apoyar la redacción de este artículo, el 13 de octubre, Azaña pronuncia este discurso, con una frase “España ha dejado de ser católica”, expresión del jacobinismo del autor, y que se hizo célebre en la época, levantando olas de protesta en las masas católicas.
En el discurso de ese día, Azaña argumenta que “el problema religioso es de carácter personal, sujeto a los límites de la propia conciencia personal” y que el Estado republicano “excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios prestó”. El modo de formular el problema, la supresión de la subvención al culto que dejaba a más de cien mil personas sin medios de vida, la aprobación de medidas como el matrimonio civil y el divorcio, la supresión de símbolos religiosos y la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, exacerbó a la opinión católica, alejándola aún más del régimen.
Era la expresión de que la Constitución era una constitución de imposición y no de consenso.
Tras la aprobación de la Constitución el 9 de diciembre de 1931, con la elección de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la república y el nombramiento de Manuel Azaña como presidente del gobierno, se iniciaba el llamado Bienio Progresista.
El bienio progresista
Este gobierno, siguiendo la obra del gobierno provisional, planteará una serie de reformas con el intento de solucionar viejos problemas del país.
La más importante fue la Reforma Agraria, exigida por la mala distribución de la propiedad de la tierra en regiones como Andalucía, Extremadura y parte de Castilla. Después de una serie de avatares, y aprovechando los efectos del fallido golpe de estado del general Sanjurjo en agosto de 1932, será aprobada la ley de bases el 9 de septiembre de 1932, creándose el Instituto de Reforma Agraria como instrumento de aplicación de la ley. Se pretendía la desaparición del latifundismo, el fin del absentismo de los grandes propietarios y la distribución de tierras entre el campesinado. Este proyecto fracasó por la falta de acceso de los colonos al crédito, al no crearse un Banco Nacional Agrario, por la incapacidad del Estado para hacer frente a las indemnizaciones y por la falta de operatividad del IRA, aparte de la lógica oposición de los propietarios. A todo ello hay que añadir las presiones que desde la izquierda agitaron la vida política, creando problemas de orden público que tuvieron graves repercusiones políticas, como la que indica la imagen que hace referencia a los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933.
Los anarcosindicalistas tildaron desde un primer momento al gobierno de dictadura fascista encubierta, desatando a lo largo del bienio progresista una violenta ofensiva revolucionaria con respaldo de gran parte del proletariado. En junio de 1931 promovieron una huelga general en Sevilla; en diciembre de 1931 paralizaron el sector minero catalán del alto Llobregat; en enero de 1932 organizaron una nueva protesta en Castillblanco (Badajoz), que terminó en el linchamiento de cuatro guardias civiles a manos de jornaleros armados de navajas y piedras. Y en enero de 1933 llevaron a cabo insurrecciones en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, que concluyó en un grave suceso en el pueblo gaditano de Casas Viejas. El 11 de enero los cenetistas de Casas Viejas izaron la bandera rojinegra y cercaron la casa cuartel de la guardia civil. A las cinco de la tarde llegaron fuerzas de la guardia civil y de las fuerzas de asalto, que lograron romper el cerco y hacer huir a los asaltantes. Un grupo de tres hombres, dos mujeres y un chico se encerraron en una choza dispuestos a hacer frente a la fuerza pública. El grupo lo dirigía Curro Cruz, militante libertario apodado “seisdedos”. Los intentos de rendirlos fracasaron, con un saldo de un guardia herido y apresado, y la unión a los rebeldes de un preso enviado para parlamentar. Ante esta situación se pidió ayuda, y el director de Seguridad, señor Menéndez, dio la orden de enviar una compañía de guardias de asalto, al mando del capitán Rojas. La orden del señor Menéndez fue tajante: “Ni heridos ni prisioneros”, cuando se hiciera fuego. En la madrugada del día 12 de enero de 1933 llegó la expedición del capitán Rojas que, ante la resistencia de los encerrados, recurrió en seguida a las bombas de mano; como no diera resultado se procedió al incendio de la choza con gasolina: una mujer y un chico pudieron escapar; otra mujer y un hombre murieron abatidos a tiros, mientras todos los demás perecían abrasados. Más tarde se registró el pueblo y se fusiló a 14 personas sospechosas de haber intervenido en la rebelión.
La más importante fue la Reforma Agraria, exigida por la mala distribución de la propiedad de la tierra en regiones como Andalucía, Extremadura y parte de Castilla. Después de una serie de avatares, y aprovechando los efectos del fallido golpe de estado del general Sanjurjo en agosto de 1932, será aprobada la ley de bases el 9 de septiembre de 1932, creándose el Instituto de Reforma Agraria como instrumento de aplicación de la ley. Se pretendía la desaparición del latifundismo, el fin del absentismo de los grandes propietarios y la distribución de tierras entre el campesinado. Este proyecto fracasó por la falta de acceso de los colonos al crédito, al no crearse un Banco Nacional Agrario, por la incapacidad del Estado para hacer frente a las indemnizaciones y por la falta de operatividad del IRA, aparte de la lógica oposición de los propietarios. A todo ello hay que añadir las presiones que desde la izquierda agitaron la vida política, creando problemas de orden público que tuvieron graves repercusiones políticas, como la que indica la imagen que hace referencia a los sucesos de Casas Viejas en enero de 1933.
Los anarcosindicalistas tildaron desde un primer momento al gobierno de dictadura fascista encubierta, desatando a lo largo del bienio progresista una violenta ofensiva revolucionaria con respaldo de gran parte del proletariado. En junio de 1931 promovieron una huelga general en Sevilla; en diciembre de 1931 paralizaron el sector minero catalán del alto Llobregat; en enero de 1932 organizaron una nueva protesta en Castillblanco (Badajoz), que terminó en el linchamiento de cuatro guardias civiles a manos de jornaleros armados de navajas y piedras. Y en enero de 1933 llevaron a cabo insurrecciones en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, que concluyó en un grave suceso en el pueblo gaditano de Casas Viejas. El 11 de enero los cenetistas de Casas Viejas izaron la bandera rojinegra y cercaron la casa cuartel de la guardia civil. A las cinco de la tarde llegaron fuerzas de la guardia civil y de las fuerzas de asalto, que lograron romper el cerco y hacer huir a los asaltantes. Un grupo de tres hombres, dos mujeres y un chico se encerraron en una choza dispuestos a hacer frente a la fuerza pública. El grupo lo dirigía Curro Cruz, militante libertario apodado “seisdedos”. Los intentos de rendirlos fracasaron, con un saldo de un guardia herido y apresado, y la unión a los rebeldes de un preso enviado para parlamentar. Ante esta situación se pidió ayuda, y el director de Seguridad, señor Menéndez, dio la orden de enviar una compañía de guardias de asalto, al mando del capitán Rojas. La orden del señor Menéndez fue tajante: “Ni heridos ni prisioneros”, cuando se hiciera fuego. En la madrugada del día 12 de enero de 1933 llegó la expedición del capitán Rojas que, ante la resistencia de los encerrados, recurrió en seguida a las bombas de mano; como no diera resultado se procedió al incendio de la choza con gasolina: una mujer y un chico pudieron escapar; otra mujer y un hombre murieron abatidos a tiros, mientras todos los demás perecían abrasados. Más tarde se registró el pueblo y se fusiló a 14 personas sospechosas de haber intervenido en la rebelión.
En la imagen aparecen tres campesinos detenidos con tres agentes de orden público, expresión de un problema social no resuelto, la incorporación del proletariado, especialmente el encuadrado en el movimiento anarquista, a la construcción del nuevo régimen republicano.
El gobierno pretendió también una serie de reformas sociales como la ley de términos municipales y el establecimiento de los jurados mixtos; éstos últimos recordaban los comités paritarios de la Dictadura de Primo de Rivera. La Ley de términos municipales fracasó por no tener en cuenta la diversidad de los municipios españoles.
La reforma de la enseñanza fue quizás una de las más llamativas, con el objetivo de erradicar el analfabetismo, haciéndola bandera del régimen, de tal manera que fue llamado “la república de los maestros”. Pero también aquí sobró sectarismo y faltaron medios económicos.
La reforma del ejército, emprendida ya por el gobierno provisional, pretendía el sometimiento del poder militar al poder civil con el desmoche del ejército o disminución radical del número de mandos, las reformas en las enseñanzas militares y una mayor operatividad de las unidades militares; provocó malestar, sobre todo en el sector africanista.
En cuanto al tema de los nacionalismos, se solucionó el problema catalán con la concesión del estatuto de Autonomía para Cataluña en 1932.
Todos estos problemas fueron desgastando la labor de gobierno de Azaña. En el mes de octubre de 1933, el presidente de la República encargó a Diego Martínez Barrios formar gobierno y convocar elecciones.
Las elecciones de uno de noviembre de 1933 dieron el triunfo a la CEDA y al partido Radical de Lerroux. El peso del gobierno recayó en el Partido Radical, que recibió el apoyo parlamentario de la CEDA.
El gobierno pretendió también una serie de reformas sociales como la ley de términos municipales y el establecimiento de los jurados mixtos; éstos últimos recordaban los comités paritarios de la Dictadura de Primo de Rivera. La Ley de términos municipales fracasó por no tener en cuenta la diversidad de los municipios españoles.
La reforma de la enseñanza fue quizás una de las más llamativas, con el objetivo de erradicar el analfabetismo, haciéndola bandera del régimen, de tal manera que fue llamado “la república de los maestros”. Pero también aquí sobró sectarismo y faltaron medios económicos.
La reforma del ejército, emprendida ya por el gobierno provisional, pretendía el sometimiento del poder militar al poder civil con el desmoche del ejército o disminución radical del número de mandos, las reformas en las enseñanzas militares y una mayor operatividad de las unidades militares; provocó malestar, sobre todo en el sector africanista.
En cuanto al tema de los nacionalismos, se solucionó el problema catalán con la concesión del estatuto de Autonomía para Cataluña en 1932.
Todos estos problemas fueron desgastando la labor de gobierno de Azaña. En el mes de octubre de 1933, el presidente de la República encargó a Diego Martínez Barrios formar gobierno y convocar elecciones.
Las elecciones de uno de noviembre de 1933 dieron el triunfo a la CEDA y al partido Radical de Lerroux. El peso del gobierno recayó en el Partido Radical, que recibió el apoyo parlamentario de la CEDA.
El bienio de derechas
Fue un período de contrarreformas, poniendo en cuestión las reformas planteadas en el bienio anterior. Cuando la CEDA, en virtud de su peso en el Parlamento, exigió su entrada en el gobierno, la izquierda planteó un golpe de Estado. En Cataluña, Luis Companys pretendió la secesión; en Madrid el golpe fracasó, pero en Asturias triunfó en octubre de 1934, lo que planteó un difícil reto al gobierno. Para solucionar el problema, el ministro de la guerra, Diego Hidalgo, nombró jefe del Estado Mayor al general Franco, quien dirigió las operaciones mandadas en el terreno por el general López Ochoa, reprimiendo duramente la revolución asturiana.
Estos sucesos polarizaron la vida política, surgiendo en la derecha diversos grupos de carácter radical como la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, con el acto fundacional del Teatro de la Comedia del 29 de octubre de 1933. Calvo Sotelo disputará a Gil Robles la base social sobre la que se sustentaba la CEDA. La izquierda convertirá la revolución de Asturias y su represión en un símbolo de lucha contra la derecha.
En este ambiente de crispación se produce la descomposición del Partido radical debido al escándalo del llamado “estraperlo” –introducción de ruletas amañadas inventadas por los judíos Strauss y Perl, con el amparo de familiares de Lerroux-.
Ante esta situación Gil Robles solicita del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el nombramiento como presidente de Gobierno. Don Niceto se niega y, aspirando a pilotar un nuevo centro político que, a su juicio, solucionaría la radicalización de la vida política, nombra presidente de Gobierno a Manuel Portela Valladares, con el fin de convocar nuevas elecciones generales.
Estos sucesos polarizaron la vida política, surgiendo en la derecha diversos grupos de carácter radical como la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, con el acto fundacional del Teatro de la Comedia del 29 de octubre de 1933. Calvo Sotelo disputará a Gil Robles la base social sobre la que se sustentaba la CEDA. La izquierda convertirá la revolución de Asturias y su represión en un símbolo de lucha contra la derecha.
En este ambiente de crispación se produce la descomposición del Partido radical debido al escándalo del llamado “estraperlo” –introducción de ruletas amañadas inventadas por los judíos Strauss y Perl, con el amparo de familiares de Lerroux-.
Ante esta situación Gil Robles solicita del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el nombramiento como presidente de Gobierno. Don Niceto se niega y, aspirando a pilotar un nuevo centro político que, a su juicio, solucionaría la radicalización de la vida política, nombra presidente de Gobierno a Manuel Portela Valladares, con el fin de convocar nuevas elecciones generales.
Elecciones de febrero de 1936
Estas se celebrarán en febrero de 1936, bajo el signo de una extrema tensión, con una derecha fraccionada y una izquierda aglutinada en el llamado FRENTE POPULAR que, además, contará con el apoyo del anarquismo, tradicionalmente reacio a participar en las elecciones.
Aunque la diferencia de votos a favor del Frente Popular fue sólo de unos ciento cincuenta mil votos, la ley electoral, que favorecía la formación de mayorías sólidas, otorgó un gran triunfo electoral al Frente Popular.
La vida se radicalizó; el miedo se apoderó de la sociedad; los vencedores deseaban y exigían la aceleración de las medidas prometidas, desde la excarcelación de presos que habían participado en la revolución asturiana de 1934 a la incautación y ocupación de fincas.
El pistolerismo se apoderó de la calle y el gobierno era incapaz de dar seguridad.
La izquierda, de manera paradójica, provocó la destitución de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, echándole en cara la disolución de las Cortes en enero de 1936 que, si embargo, les había dado el poder.
Para el cargo de presidente de la república fue elegido Manuel Azaña que, desde la presidencia, no tendrá la capacidad suficiente para manejar la situación política. Como presidente del gobierno será nombrado Santiago Casares Quiroga, hombre de personalidad demagógica e incapaz de suavizar los ánimos.
El gobierno, previendo un posible golpe militar alejó a los generales sospechosos: a Mola a Navarra, a Goded a Baleares, a Franco a Canarias.
El asesinato del teniente Castillo, famoso por su dureza represora, por parte de militantes falangistas, provocó un asesinato de gran calado político: la muerte por agentes de policía del diputado y jefe de la oposición, Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936.
Fue el pistoletazo del inicio de la guerra civil. El 17 de julio, las fuerzas de Marruecos se sublevan; a su cargo estará el general Franco, trasladado secretamente desde Canarias. En la Península el golpe fracasa en las grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid, aunque triunfa en Sevilla y en regiones como Castilla, Navarra y Galicia.
La guerra será larga y dura y de ella surgirá un Nuevo Régimen: el régimen de Franco.
Aunque la diferencia de votos a favor del Frente Popular fue sólo de unos ciento cincuenta mil votos, la ley electoral, que favorecía la formación de mayorías sólidas, otorgó un gran triunfo electoral al Frente Popular.
La vida se radicalizó; el miedo se apoderó de la sociedad; los vencedores deseaban y exigían la aceleración de las medidas prometidas, desde la excarcelación de presos que habían participado en la revolución asturiana de 1934 a la incautación y ocupación de fincas.
El pistolerismo se apoderó de la calle y el gobierno era incapaz de dar seguridad.
La izquierda, de manera paradójica, provocó la destitución de Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República, echándole en cara la disolución de las Cortes en enero de 1936 que, si embargo, les había dado el poder.
Para el cargo de presidente de la república fue elegido Manuel Azaña que, desde la presidencia, no tendrá la capacidad suficiente para manejar la situación política. Como presidente del gobierno será nombrado Santiago Casares Quiroga, hombre de personalidad demagógica e incapaz de suavizar los ánimos.
El gobierno, previendo un posible golpe militar alejó a los generales sospechosos: a Mola a Navarra, a Goded a Baleares, a Franco a Canarias.
El asesinato del teniente Castillo, famoso por su dureza represora, por parte de militantes falangistas, provocó un asesinato de gran calado político: la muerte por agentes de policía del diputado y jefe de la oposición, Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936.
Fue el pistoletazo del inicio de la guerra civil. El 17 de julio, las fuerzas de Marruecos se sublevan; a su cargo estará el general Franco, trasladado secretamente desde Canarias. En la Península el golpe fracasa en las grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid, aunque triunfa en Sevilla y en regiones como Castilla, Navarra y Galicia.
La guerra será larga y dura y de ella surgirá un Nuevo Régimen: el régimen de Franco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario